¡Rector de la Universidad de Baja California Sur gana mucho más que López Obrador!

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CALIFORNIA HOY – ATENCIÓN: Buen día, soy un profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), que por medio de la presente hace valer sus derechos ciudadanos para presentar una denuncia anónima por temor a represalias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que es el órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es la o el Fiscal General de la República, quien preside a él o al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.

ANTECEDENTES:
En la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), desde la llegada del actual Rector, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, se han venido cometiendo diversos delitos en contra de los derechos laborales y académicos de los y las trabajadoras, así como de los estudiantes de esa casa de estudios, dentro de los que destacan los siguientes que tienen mención específica en el Código Penal Federal:
Título Tercero Bis

Delitos contra la Dignidad de las Personas
Capítulo Único Discriminación:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.

NOTA DE HECHOS: Al respecto se niegan las prestaciones a que tienen derechos los trabajadores de asignatura de la universidad con servicios médicos negados o pagados solo al 25% o 50% respectivamente con base al número de horas trabajadas.

A las mujeres embarazadas no se les respetan sus derechos laborales con respecto al servicio completo de gravidez e incluso hay acoso laboral en contra de ellas.

A los estudiantes se les restringen sus derechos educativos con respecto a sus viajes de prácticas, derechos médicos dentro del campus, y en el caso de las becas estas son manipuladas y restringidas solo a estudiantes afines al régimen de gobierno actual afectando al resto de la comunidad universitaria, no se toman en cuenta los promedios de calificaciones, más bien la fidelidad al régimen en turno, aunado a que las becas económicas de recursos federales como PRONABES, son detenidas por espacio de 3 a 4 meses sin ser entregadas a tiempo a los estudiantes.

TITULO DECIMO:

CAPITULO II
Ejercicio ilícito de servicio público:

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.

NOTA DE HECHOS: La elección del actual Rector de la UABCS, Gustavo Cruz Chávez, en Abril de 2011, fue arreglada a modo para que este pudiera llegar a la Rectoría sin contrincantes, toda vez que fue candidato único con el apoyo del Comité Electoral, que presidía Manuel Ávila Sandoval y Mónica Adriana Carreño León, como Secretaria, ambos ligados a los grupos de poder dentro de la Universidad.

Para lograrlo solo se permitió un registro más a la rectoría, el de su concuño el Dr. José Isabel Urciaga García, quien finalmente renunció a la candidatura y dejó como candidato único a Cruz Chávez a cambio de favores económicos, en este acto no se permitió el registro del profesor Samuel Flores Castro, porque según ellos no cumplía los requisitos al haber sido rector interino no podría participar porque se consideraba una reelección, siendo el pretexto para sacarlo de la contienda y así eliminar cualquier posibilidad de derrota a Cruz Chávez.

Al respecto, es importante señalar que Cruz Chávez no cumplía con los requisitos para ser Rector de acuerdo a la convocatoria del 2011, que exigía título de doctor y una antigüedad de 5 años como maestro de tiempo completo definitivo, por lo que este manipuló y falsificó los documentos de antigüedad laboral y del examen de oposición y méritos para su grado de doctorado.

Su reelección en 2015, no tuvo mayores problemas toda vez que tenía un control parcial de los grupos de poder universitarios, dando salida a los maestros de mayor peso político con jubilaciones y bonos de salida que oscilaban entre una jubilación dinámica con un 50% más de lo que correspondía es decir un 150% promedio, así como años sabáticos y estancias académicas en Europa y USA.

Abuso de autoridad:

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente.

IX.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;

X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado.

NOTA DE HECHOS: Lo anterior obedece al hecho de que los sueldos del Rector y de sus allegados son exagerados y tiene dentro de la Universidad a una gran parte de sus familiares pese a lo explícito en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las correlativas a los centros de investigación y entes universitarios, particularmente sobre aquellos de los que pueda resultar algún beneficio directo , su cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, entre otros, que deberán abstenerse, estos en la UABCS, en letra y espíritu no se observa ni se respeta, salvo que la autonomía la mantenga aislada de todo principio ético, profesional y legal, la familia Cruz Chávez mantiene en la nómina universitaria a las siguientes personas con relaciones consanguíneas directas; entre ellos los siguientes:

1. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector ($230,000.00 pesos mensuales)

2. Rodolfo Cruz Orozco, Padre. ($80,000.00 pesos mensuales)

3. Judith Juárez Mancilla, Esposa del Rector. ($150,000.00 pesos mensuales)

4. Placido Roberto Cruz Chávez, Hermano. ($80,000.00 pesos mensuales)

5. Karla Sofía Burgoin Castro, Cuñada, esposa de Placido. ($80,000.00 pesos mensuales)

Los familiares directos del Rector se encuentran en la nómina universitaria con ingresos promedio de más de 800 mil pesos al mes que sumados al año suman un promedio de $10,000,000.00 de pesos sumando prestaciones económicas universitarias.

Intimidación:

Artículo 219.- Comete el delito de intimidación:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

NOTA DE HECHOS: El Rector y sus colaboradores entre ellos el Abogado General, Adrián de La Rosa Escalante, el secretario académico, Dante Arturo Salgado González y el Secretario de Administración, Manuel Ávila Sandoval, constantemente amenazan a personal académico y administrativo con despidos injustificados si no se someten a sus ordenamientos para evitar que se les denuncie por los hechos de corrupción y desvío de recursos federales en la universidad.

Ejercicio abusivo de funciones:

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

NOTA DE HECHOS: Las autoridades universitarias dígase Rector, Secretario Académico y Abogado General, por el ejercicio de sus funciones contratan y subcontratan a familiares y amigos en diversas acciones y negocios que se realizan en la universidad, como la adquisición de equipo de cómputo, obras públicas dentro del campus, entre otros negocios que les permiten hacerse llegar de recursos adicionales en beneficio particular de estos y sus familias.

Cabe mencionar que para la obtención de su título de Doctor, el Rector, Gustavo Cruz Chávez, pago con favores políticos, económicos y laborales a sus sinodales que realizaron su examen de oposición y méritos, además de que este trafica con plazas académicas a cambio de favores políticos.

Tráfico de Influencia:

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

NOTA DE HECHOS: Las autoridades universitarias dígase Rector, Secretario Académico y Abogado General, por el ejercicio de sus funciones contratan y subcontratan a familiares y amigos en diversas acciones y negocios que se realizan en la universidad, como la adquisición de equipo de cómputo, obras públicas dentro del campus, entre otros negocios que les permiten hacerse llegar de recursos adicionales en beneficio particular de estos y sus familias.

Cohecho:

Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

NOTA DE HECHOS: El Abogado General, Adrián de La Rosa Escalante, ha sido señalado constantemente por parte de algunos trabajadores académicos y administrativos que han sido despedidos de manera injustificada, que para facilitarles el pago de sus finiquitos le paguen un porcentaje del 15% y el hace los arreglos correspondientes, aunado a que este cobra derechos de piso a los puestos ambulantes fuera y dentro de la UABCS, y es el principal promotor de los negocios del Rector dentro y fuera de la universidad.

Peculado:

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

NOTA DE HECHOS: La nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Última reforma publicada BOGE 30-05-2017. Enviada al H. Congreso del Estado de BCS, realiza un cambio de personalidad jurídica de esta institución educativa pasando de ser un organismo autónomo por mandato constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio a un organismo público descentralizado del gobierno del estado de BCS.

Sobre el particular se menciona que parte del cambio a la Ley Orgánica Universitaria pudiera obedecer a la posibilidad de evadir las facultades de la Auditoría Superior de la Federación a una posible intervención en la UABCS, por un desfalco y/o desvío por más de 50 millones de pesos y que bien pudieron ser parte de los apoyos hacia las campañas políticas del candidato del PAN a la presidencia municipal de Los Cabos, Arturo de La Rosa Escalante, con quien mantiene una estrecha relación el Rector, Gustavo Cruz,

Enriquecimiento Ilícito:

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

NOTA DE HECHOS: El Rector, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, durante sus 8 años como servidor público ha incrementado sus bienes muebles e inmuebles de manera discriminada, sin embargo algunos bienes como camionetas de reciente modelo han sido adquiridas a través de prestanombres y empresas familiares, aunado a la adquisición de casas en diversas zonas de la ciudad y otras entidades de la República.

Falsificación de documentos en general:

Artículo 243.- El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

III.- Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;

IV.- Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento.

NOTA DE HECHOS: El Rector, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, falsificó los documentos que lo acreditaban como profesor de tiempo completo definitivo de la UABCS con una antigüedad de 5 años, ya que este no cumplía con los requisitos para ser Rector de acuerdo a la convocatoria del 2011, que exigía título de doctor y una antigüedad de 5 años como maestro de tiempo completo definitivo, por lo que este manipuló y falsificó los documentos de antigüedad laboral y del examen de oposición y méritos para su grado de doctorado.

Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

NOTA DE HECHOS: Existen denuncias tapadas por parte de estudiantes y trabajadoras de la UABCS que sufren de hostigamiento sexual por parte de autoridades universitarias y se señala principalmente al Abogado General, Adrián de La Rosa Escalante y al Secretario de Administración, Manuel Ávila Sandoval, de pedir favores sexuales a cambio de la suscripción de contratos laborales y becas en su caso.

Los maestros universitarios, Dr. José Luis Santos Orcillez, Dr. Humberto González Galván, Dr. Carlos Juventino Cáceres Martínez, Lic. Héctor Murillo Aguilar, Dr. Rubén Salmerón, Ing. José Manuel Green Olachea, Dr. César Arturo Ruiz Verdugo, Lic. Amadeo Peralta Adame, Dr. Héctor Santisteban Oliva y Dr. Gilberto Piñeda Bañuelos, en su momento se manifestaron en contra del actual Rector, Gustavo Cruz Chávez, señalándolo como un Rector ilegitimo en 2012, por lo que fueron hostigados y sancionados tan solo por manifestar su punto de vista con respecto a la elección del Rector.

Al respecto, vale la pena recordar que las actuales autoridades universitarias no atendieron a la Ley de Amparo y no acataron la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, emitida a través del Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de La Paz que concedió el amparo a Carlos Villavicencio Garayzar a quien le reconoció la personalidad jurídica como Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur del 10 de diciembre de 2010 al 6 de junio de 2012, derogando el Decreto 1903, que dejaba sin efecto el proceso electoral en el que resultó electo Rector, Carlos Villavicencio Garayzar, conferido por la Junta Consultiva Legal: Joel García, Carlos Cáceres, Lorella Castorena, Salomón Álvarez, David Siqueiros, Juan Manuel Lozano, Carlos Estrada, Bernardo Murillo y Enrique Troyo.

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Educación Pública Federal (SEPF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no deberán dejar pasar estos atropellos y abusos de autoridad en la UABCS contrarios a todo principio democrático en este país, toda vez que el Rector, Cruz Chávez pretende reelegirse por un tercer periodo sin que se tome en cuenta el desaseo político y corrupción que imperan dentro de la universidad.

En la UABCS, ya tiene más de una década, practicando el presunto delito de peculado, y todos se han hecho de la vista gorda; no es necesario ir más lejos, cada quincena, desde hace ya mucho tiempo, la UABCS tiene la obligación de depositar en el fondo de pensiones y jubilaciones alrededor de 296 mil pesos quincenales que aporta el trabajador y 376 mil pesos quincenales que aporta el Universidad de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, es decir, alrededor de 16 millones anuales, que no se depositan o se depositan parcialmente; como tampoco se depositaron los 34 millones 241 mil 93 pesos de adeudo histórico al Sindicato, más los 26 millones de pesos de intereses y penalización.

No sé si este tipo de irregularidades, para no llamarles delitos, se atienden por oficio, probablemente no, pero es muy probable que se habrá de enterar a la SEPF, SHCP, SPF, ASF, CONACYT, ANUIES, lo que ha pasado y ha dejado de pasar en la UABCS. En todo esto, 10 profesores-investigadores, recibieron un ESCRITO DE EXTRAÑAMIENTO encima enviado por el operador del gobierno estatal en la UABCS, ADRÍAN DE LA ROSA ESCALANTE por instrucciones de GUSTAVO CRUZ CHÁVEZ y DANTE SALGADO GONZÁLEZ; han amenazado de reprimir con sanciones mayores como la suspensión sin goce de sueldo por 8 días y la recisión del contrato individual; pero además, obstaculizando por todos los medios nuestra propia defensa; atentando contra la única arma que tenemos que es, por lo pronto LA PALABRA escrita, hablada y visual, como lo hemos hecho valer en nuestra defensa, pero el poder universitario que intenta sancionarnos, nos ha robado nuestras mantas, nos han destruido nuestras pancartas y están aumentando la presión con más amenazas.

En relación a las sanciones adicionales a profesores universitarios violatorias al artículo 123 y su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo, han decidido suspender, unilateralmente, el pago del estímulo al desempeño académico a los profesores que no apoyan a la actual administración, aun cuando se ha dado un resultado por parte del Consejo General Universitario (CGU) estipulado como inapelable, el cual no justifica ninguna sanción y justificada con supuestos incumplimientos en los informes de año sabático, lo que sale de toda lógica laboral y jurídica. El estímulo al desempeño académico es una parte del salario integrado, tal como lo establece Ley Federal del Trabajo, y el salario es constitucionalmente, intocable. 3) Hemos podido constar un acoso laboral sistemático por parte del DR. DANTE SALGADO GONZÁLEZ sobre la solicitudes de año sabático; evidentemente, podemos presumir que esta práctica coercitiva, es arbitraria y tendenciosa.

Quedo en espera de su respuesta a esta denuncia anónima, toda vez que ya es tiempo de intervenir a la UABCS e investigar los atropellos constantes a las leyes y la democracia mexicana.

Saludos cordiales.

ATENTAMENTE:
PROFESOR UABCS

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