No responder a las preguntas del censo de población y vivienda 2020, el cual se esta llevando a cabo podría implicar una multa de 5 a 500 unidades de media y actualización (UMA), por lo que la sanción iría de 443. 40 pesos hasta 43 mil 440 pesos de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

Cabe destacar que la ley también establece la obligatoriedad de proporcionar información a los encuestadores, sin embargo directivos del INEGI explicaron que, la participación de los censos es muy elevada.

Sobre estos derechos y obligaciones la ley establece en su Artículo 45 “Los informantes del sistema están obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad, los datos e informes que el encuestador les solicite para fines estadísticos”.

Por otra parte las faltas administrativas y sanciones la ley advierte en el Artículo 103 en sus dos primeros incisos “Cometen infracción a los dispuesto por esta ley quienes en calidad de informantes del sistema

• Se nieguen a proporcionar datos informes o a exhibir documentos cuando deban hacerlo, dentro del plazo que se les hubiera señalado

• Suministren datos falsos incompletos o incongruentes

Pero también cabe mencionar que los encuestadores se deben de identificar y acreditarse como tales para que estas sanciones tengan validez.