PARLEMOS/Columna de Opinión

Salpicadas legislativas

Por Luis Sancho

Hace unas semanas, el Fiscal General de la República, mediante un video comunicó que Emilio Lozoya Austin había aceptado su extradición a México para cooperar e “informar todo lo que sabe” con respecto a las áreas que fueron de su competencia como director de PEMEX, durante la administración 2012-2018, todo en aras de las necesarias labores de limpieza política. En otras palabras, la presión funcionó para lograr una negociación política.

Esta noticia encendió las alarmas y puso, a más de uno, nervioso en el Poder Legislativo porque, según los trascendidos y filtraciones periodísticas, algunos tienen temor de lo que se podría revelar, pues tienen obscuros pasados parlamentarios que probablemente involucren la compraventa de su voto legislativo… todo esto durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México.

La historia señala a Lozoya por desviar una gran cantidad de recursos de nuestra máxima empresa petrolera, de forma fraudulenta, para adquirir a sobreprecio Agronitrogenados, una planta de fertilizantes de Altos Hornos de México, es decir, se pagaron millones de pesos por una empresa chatarra e inservible, en detrimento de PEMEX.

El otro señalamiento que se le hace, quizás el más importante, es su participación en el escandaloso caso de Odebrecht, por el que han rodado cabezas, se han encarcelado funcionarios y se ha provocado la muerte de varios a nivel internacional, acontecimientos que lo han convertido en símbolo de corrupción para ganar contratos petroleros.

Dentro del contexto de la reforma energética -de la que tan orgullosos estaban en la administración pasada-, según se ha revelado, por órdenes superiores hubo forma de “conseguir” los votos necesarios para lograr la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) que requería esta reforma estructural.

No debe olvidarse que en los recintos parlamentarios lo que importa es la suma de votos; el dictamen que logra la mayoría (simple o calificada) es el que se aprueba. Lo demás quedará para la historia y su contexto.

Las especulaciones no se hacen esperar: ¿a cambio de qué aceptó el ex-funcionario regresar a México y comparecer ante las autoridades competentes? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Quiénes son parte de la narrativa de las corruptelas?

Si alguien había pensado que el capítulo de Eva Cadena se había olvidado y que no se “cobrarían las facturas” de esa exhibición legislativa en Veracruz, estaban muy equivocados. En nombre de la “verdad sexenal”, del combate a la corrupción y de una transformación que busca ventilar a los de enfrente, pero ocultar a los propios, estará el tejemaneje de los reflectores legislativos que, entre otras actividades, se encuentra en el proceso de renovación de cuatro asientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en breve llevará a cabo su sesión extraordinaria, a partir del 22 de julio, para someter las ternas a consideración de los diputados.

En política todas las células del poder público están conectadas, y cuando se da la transición de poderes, un nuevo sistema se instaura, con todas sus expectativas, sus reservas… sus revanchas.

No hay duda de que después del obligado receso por la pandemia, en los recintos parlamentarios se discutirán y tomarán decisiones que afectarán la vida nacional. Cada legisladora y cada legislador debe recordar que es representante popular, que tienen una responsabilidad que no pueden ni deben eludir a causa de intereses particulares o de grupo, que su voto cuenta e impactará en la vida de las y los mexicanos.

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