Necesitamos comprar la Baja California y parte de Sonora

Por Francisco Ramírez Ochoa/California Hoy

Todo parece ser como una leyenda, pero se trata de la más documentada realidad y por eso les insisto, hay pactos, arreglos, acuerdos, convenciones que no necesariamente pasan al grado de los tratados para se aprobados por los senados de ambos países.

Hay episodios previos a los famosos Tratados de Bucareli, que no han quedado del poco claros en la actualidad, pero que impulsaron como nunca, al voraz vecino del norte a obligar a México a sentarse a negociar.

Para esto ya lo tenían contra la pared, por la Constitución de 1917 que afectaba seriamente los intereses de Estados Unidos, además de todos los daños causados a sus empresas y propiedades por la revolución.

Se acercó el momento del cobro. ¿Ya saben cual?

Pues claro. La peninsula de Baja California. Es el territorio empeñado para el pago de todo el acumulado de deudas y agravios que según Washington, se les ha causado a lo largo de la historia.

Y es algo que sigue tan vigente como nunca. Pero veamos y analicemos uno de los momentos en que los yanquis presionaron con todo.

En enero de 1919, México se convirtió en un tópico de debate en el Senado estadunidense. El senador Henry Fountain Ashurst presentó una iniciativa para comprar la península de Baja California y parte de Sonora.

Ashurst basaba su petición en el hecho de que el territorio de Baja California era inaccesible desde la superficie continental de México. De acuerdo con Ashurst, las autoridades mexicanas no tenían ningún interés sobre esa área. Acto seguido, procedió a explicar lo que parecía ser la verdadera razón detrás de su propuesta. Ashurst afirmó que “la península [era] un apéndice en forma de gusano para México. A la vez que para los EUA es un talón, el talón de Aquiles”.

Sin embargo, los argumentos de Ashurst provocaron cuestionamientos entre los miembros del Senado, que preguntaron a Ashurst sobre lo establecido en las leyes mexicanas en relación con la venta de territorio, así como precisar lo que la Constitución mexicana de 1917 disponía al respecto. Deseaban conocer si era necesario hacer algunas enmiendas a dicha Constitución para que se pudiera efectuar esa venta del territorio nacional. La respuesta de Ashurst fue parcialmente correcta cuando mencionó que el texto de la Constitución mexicana no requería enmiendas para vender territorio nacional. Sin embargo, lo que el senador demócrata por Arizona no mencionó fue que quienes elaboraron la Carta Magna no creían que el territorio mexicano fuera una pieza de bienes raíces; por consiguiente, ninguna porción del territorio nacional estaba considerada como objeto de venta en las leyes mexicanas.

El interés por Baja California iba más allá de consideraciones económicas. El senador James Duval Phelan (demócrata California) señalaba el valor estratégico que tenía la península.

Para el senador James Duval Phelan existía el peligro palpable de que un poder extranjero, distinto a los estadunidenses, ocupara la costa del Pacífico. Phelan afirmaba que, no hacía mucho tiempo, tras de concretar negociaciones con el gobierno mexicano, los japoneses casi logran establecerse ahí. La evocación realizada por Phelan complementó la propuesta presentada por Ashurst, al tiempo que justificaba la compra de Baja California al considerar que tal acción caería dentro de los términos establecidos en la Doctrina Monroe.

Cuando Ashurst fue cuestionado sobre el precio de adquisición, fue incapaz de proveer una respuesta concreta. Sin embargo, arguyó que “México con el dinero que recibiría por esta venta” podría “pagar sus deudas, descontar o liquidar una parte de las obligaciones que tenía pendientes con sus ciudadanos. Estaría en condiciones de reconstruir los puentes del ferrocarril, construir naves, además de que con ello podría establecerse como un miembro respetable de la gran familia de las naciones”.

La propuesta fue remitida para su análisis al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y a la Cámara de Representantes. El 13 de enero, la Legislatura de California aprobó “una iniciativa conjunta demandando de manera urgente que se efectuara la compra de [Baja California], las Islas Coronado y una porción del estado de Sonora […] en el cuerpo del documento se recomendaba al Congreso presionar al presidente [Wilson] para que iniciara negociaciones al respecto con México”.

Los principales diarios de ese país presentaron perspectivas diferentes entre sí. Los argumentos de quienes apoyaban la compra estaban fundados en razones diversas, tales como: la seguridad estadunidense, la riqueza del territorio, la oportunidad de ajustar cuentas y cobrar por daños ocasionados a propiedades y vidas de los estadunidenses en México.

Durante una visita a Los Ángeles, California, Obregón calificó de absurdas las sugerencias de que México vendería Baja California. Enfatizó que “no había ley en [el] país que permitiera vender Baja California a los Estados Unidos, no existía un solo mexicano que la aprobara […] la propuesta solamente muestra la falta de conocimiento acerca de nuestras leyes [las mexicanas] y el carácter de quienes están al frente del país”.

Cantú apeló al presidente Wilson: Indicó que la gente de Baja California tenía “confianza plena de que el principio de autodeterminación de todas las naciones, del cual el presidente estadounidense se había declarado partidario, eventualmente salvaguardaría el territorio mexicano de la ocupación extranjera”.

Ashurst respondió que: “si la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos previene la adquisición de la Baja California por parte de los Estados Unidos de América, eso da por concluido el asunto”. La propuesta concerniente a la compra de Baja California continuó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sin que retornara al pleno para su discusión.

El senador James Duval Phelan alertó sobre la posibilidad de que, a cambio de 50 millones de dólares, se vendiera territorio mexicano a inversionistas japoneses. Phelan demandó que se impusieran medidas más severas para prevenir la inmigración de japoneses a Estados Unidos. El senador californiano afirmó que “no debe de admitirse a los japoneses, ya que ellos siempre serán extranjeros, y como ciudadanos no contribuyen al bienestar del Estado”.

Unos días después, The Washington Post reportó que el subsecretario de Agricultura y Fomento, general Amado Aguirre, anunció que “corporativos japoneses dedicados a la producción de maíz recibieron [por parte del gobierno de México] concesiones para el aprovechamiento de tierras agrícolas en Baja California”. Sin embargo, aquello empezó a lucir como una alarma falsa. Por otra parte, el gobernador de Baja California, Esteban Cantú, emitió un comunicado señalando que él no conocía nada más al respecto aparte de lo publicado en la prensa.

EL ministro japonés en México, Baron Fugitato Otori, declaró que el asunto fue una maniobra política de la prensa estadunidense en anticipación a la próxima campaña presidencial. También afirmó que no había concesiones a favor de los intereses japoneses en México. Finalmente, el generador de la controversia, el general Aguirre, enfatizó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución mexicana, está prohibido que ciudadanos extranjeros posean en propiedad tierras dentro de la franja de 60 millas [95.5 kilómetros] a partir de la línea fronteriza y 30 millas [47.75 kilómetros] de la costa. Dada la geografía de la península, sería imposible que cualquier foráneo pudiera detentar en posesión terrenos en tal área. No obstante, el incidente dejó algunas consecuencias.

El resentimiento continuó dominando las relaciones entre ambas naciones. Ello dio margen para que los senadores estadunidenses insistieran en juzgar las acciones del gobierno de México y del presidente Carranza Garza, demandando ahora que se cubrieran los daños causados a los ciudadanos estadunidenses y sus posesiones en México.

¿Ahora si ya entienden sobre lo estratégico de la península y la presencia de los nuevos colonos por todas partes en la actualidad?

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